NUEVA REGULACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO

La reciente reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo ha venido a establecer que en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, siempre que la Administración no haya dictado resolución expresa y notificado dentro del plazo legalmente establecido, se entenderá estimado por silencio administrativo la petición realizada a la Administración, salvo que una norma con rango de ley o de Derecho de la Unión Europea o de Derecho Internacional aplicable en España establezca lo contrario, pero el silencio desestimatorio deberá estar fundamentado en razones de  interés general. Por lo tanto el silencio administrativo, por regla general, será estimatorio de las pretensiones del administrado.

Por el contrario, el silencio de la administración tendrá sentido desestimatorio en los siguientes procedimientos:

– En procedimientos relativos al ejercicio del Derecho de Petición del Art. 29 de la Constitución española.

– En procedimientos que de estimarse tengan como cometido la transmisión de facultades relativas al dominio público o servicio público.

– En procedimientos relativos a actividades cuyo ejercicio dañen el Medio Ambiente.

– En procedimientos de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública.

– En procedimientos en que se impugnen actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud del interesado, sin embargo siempre que se interponga recurso de alzada contra una desestimación por silencio administrativo, se entenderá estimado el mismo si llegado el plazo de resolución el órgano no dicta y notifica resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias objeto de los procedimientos anteriores.

La desestimación por silencio administrativo tiene el efecto de permitir al interesado interponer el recurso administrativo o contencioso-administrativo procedente.

En cualquier caso la Administración está obligada a resolver expresamente y así a este respecto en supuestos de estimación por silencio administrativo, una resolución expresa posterior solo podrá dictarse si es confirmatoria del acto producido. Al igual que en supuestos de desestimación dicha resolución posterior no vinculará a la Administración al sentido del silencio.

Los actos producidos por silencio administrativo se harán valer ante la Administración o ante cualquier persona, produciendo efectos desde que finalizó el plazo para dictar y notificar resolución expresa y no se haya producido pudiendo su existencia acreditarse por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluyendo el certificado acreditativo del silencio administrativo expedido en el plazo de quince días por el órgano competente para resolver el procedimiento desde que expiró el plazo máximo para resolver, o a petición del interesado en cualquier momento, iniciándose el plazo anterior desde el día siguiente en que la solicitud tenga entrada en el Registro electrónico de la Administración o del organismo que deba resolver.

En los procedimientos iniciados de oficio, vencido el plazo sin dictarse y notificarse resolución expresa, la Administración no queda eximida de la obligación de resolver, produciéndose los siguientes efectos:

– En procedimientos en que se derive el reconocimiento o constitución de Derechos o situaciones jurídicas favorables, se tendrán por desestimadas las pretensiones del interesado por silencio administrativo.

– En procedimientos sancionadores o de intervención que produzcan efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad.

Desde Ayuda Letrada nos ofrecemos a prestar un asesoramiento eficaz y especializado para este tipo de procedimientos, pues contamos con un departamento específico de Derecho Administrativo.

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