EL RECURSO DE REPOSICIÓN EN LA NUEVA LEY DE DERECHO ADMINISTRATIVO

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En lo que respecta a los recursos administrativos, y más en concreto al recurso potestativo de reposición, la nueva Ley de Procedimiento Administrativo reitera, al igual que la ya derogada Ley 30/1992, que el recurso de reposición se puede interponer contra los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa ante el mismo órgano que los hubiera dictado, aunque también pueden ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. En cualquier caso, interpuesto aquel recurso no se puede interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelta en reposición expresamente o se produzca desestimación presunta de dicho recurso.

En cuanto a los actos que ponen fin a la vía administrativa los establece la Ley 39/2015 en su artículo 114 y son los siguientes:

– Resoluciones de recursos de alzada.

– Resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2, que a su vez se refiere a la posibilidad de que las leyes sustituyan el recurso de alzada o reposición, en ámbitos sectoriales determinados y en materias cuya especificidad lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, respetando en todo caso los principios, garantías y plazos que la ley reconoce a las personas en todo procedimiento.

– Resoluciones de órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.

– Acuerdos, pactos, convenios o contratos que se considere que finalizan el procedimiento.

– Resoluciones de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive.

– Resolución de procedimientos complementarios en materia sancionadora del art. 90.4.

– Resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria lo establezca.

Y en el ámbito estatal ponen fin a la vía administrativa:

– Actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno.

– Actos de Ministros y Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares.

– Actos de los órganos directivos con nivel de Director general o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal.

En los Organismos públicos y entidades derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los actos de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa.

El recurso de reposición se debe fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad que establece la Ley en sus actuales preceptos 47 y 48.

Una novedad que introduce la nueva Ley 39/2015 a destacar es la referida a los plazos para interponer el recurso potestativo de reposición en los casos de actos presuntos o por silencio. En la anterior Ley 30/1992 se establecía que el plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso, en lo que la Ley 39/2015 no ha cambiado nada, sin embargo, en lo que respecta a los actos presuntos, la antigua Ley expresaba que ante estos actos había un plazo de tres meses para la interposición del recurso que empezaría a contar, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto; y si este no era interpuesto solo cabría recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

La situación actual cambia, y es que la Ley 39/2015 elimina ya expresamente y en claro beneficio del administrado el plazo de tres meses para interponer recurso de reposición en caso de silencio administrativo, estableciendo que el solicitante y otros interesados podrán interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en el que, de acuerdo con la normativa específica, se produzca el acto presunto.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de este recurso es un de mes; y contra dicha resolución no puede interponerse de nuevo dicho recurso.

En  Ayuda Letrada contamos con un departamento específico especializado en esta materia y que ponemos a su disposición para asesorarle.

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